Cómo trataría Ley Patriota gringa a los apátridas venezolanos

11 de septiembre del 2001. El atentado terrorista más grande ocurrido en territorio estadounidense. Casi tres mil personas perdieron la vida. El objetivo táctico de los ataques fueron los principales centros financieros y militares de Estados Unidos. El fin era aterrorizar al pueblo.

El Presidente Bush había pasado el mes de agosto de vacaciones en su rancho en Texas. Ser presidente de un imperio tiene sus privilegios. Recién había cortado los fondos para la lucha antiterrorista de FBI, y, el 6 de agosto del 2001, le habían entregado un informe en el que se decía de Osama Bin Laden planeaba atacar a Estados Unidos utilizando aviones. No lo leyó, porque, se fue de pesca: otro privilegio.

Un mes después, Estados Unidos invadió Afganistán so pretexto de cazar a Bin Laden y a Al Qaeda. Bin Laden ha muerto, pero la guerra continúa. Y, desde sus drones “encauzan” a miles de civiles a tumbas.

Cuando un soldado estadounidense muere en Afganistán, su muerte no es anónima. Pero cuando un civil afgano muere, nadie le llora, y ha sido una política bélica de Estados Unidos en el terreno. El General Tommy Franks, quien dirigió la invasión en 2001, dijo: “Ya sabe que nosotros no contamos los muertos”. La ONU empezó a contar víctimas en 2008, pero sus funcionarios han reconocido los esfuerzos de EEUU para ajustar las víctimas a sus intereses. Sólo en el año 2014, se cuantificaron más de 10 mil víctimas civiles. No existe un registro confiable sobre el total. Miles de cadáveres después, filiales de Al Qaeda en Siria fueron aliadas de Estados Unidos para propiciar el derrocamiento de Bashar Al Assad, que no tardaron en degenerar en el Estado Islámico.

El segundo paso de la supuesta Guerra contra el Terrorismo fue la invasión a Irak en marzo de 2003. Esta acción militar fue realizada por Estados Unidos y Gran Bretaña sin autorización de la ONU. Estados Unidos sostuvo que la invasión era indispensable debido a que Irak poseía armas de destrucción masiva, había que “encauzarlos”, pues, a los lineamientos de Washington.

La empresa británica Opinion Research Business calculó que el número de muertos entre marzo de 2003 y agosto de 2007 fue de 1 millón 33 mil personas. Por su parte, la organización Just Foreign Policy, que detuvo su contador de víctimas en 2010, denunció que 1 millón 455 mil 590 civiles fueron asesinados. Años después el propio Bush reconoció que Sadam Hussein no poseía armas de destrucción masiva. Sin embargo, siguieron “encauzando” iraquíes.

Pero hay una tercera consecuencia de la que poco se habla: la Ley Patriota. Desde entonces, la Secretaría de Estado puede señalar a cualquier grupo que se haya visto involucrado, en alguna ocasión, en actividades de carácter violento como organización terrorista. Es decir, en Estados Unidos, cualquier guarimbero puede ser juzgado bajo la Ley Patriota.

En la Ley Patriota el concepto de terrorismo abarca a “actividades que comporten actos peligrosos para la vida humana y que son una violación de las leyes penales de los EE.UU. o de cualquier estado; o bien que pretendan intimidar o coaccionar a una población civil; para influir en la política de un gobierno por intimidación o coerción, o para afectar la conducta de un gobierno a través de la destrucción masiva, asesinato o el secuestro. La Guarimba, o la Salida, es un acto terrorista en Estados Unidos, según lo tipificado en la Ley Patriota, incluso si se le analiza desde sus aristas políticas.

Bajo esa ley, fueron detenidos y enjuiciados criminalmente dos empresarios de Brooklyn, Nueva York, por haber transmitido un canal de televisión del grupo libanés Hezbolá a través de su servicio de televisión por satélite. Se les acusó por la emisión de contenidos que, según, atentaban contra los valores estadounidenses. Y la libertad de prensa? SOS EEUU.

En septiembre del 2011, una resolución del Congreso de EEUU llamada “Autorización del uso de la fuerza Militar”, permitía al gobierno utilizar al ejército para detener a sospechosos de terrorismo por tiempo ilimitado. El prisionero puede ser llevado a cualquier centro de reclusión, inclusive en otro país. En Diciembre de ese mismo año, Obama suscribió el “Acta de autorización de defensa nacional” que hace legal una detención con esas características contra ciudadanos estadounidenses.

Una persona se considera susceptible de ser juzgada por esa ley si ha manifestado su apoyo a Al Qaeda, talibanes o fuerzas asociadas y, por último, a cualquiera que haya cometido un acto de beligerancia contra EEUU. La definición de acto beligerante es tan general que puede incluir a cualquiera que se haya manifestado en desacuerdo.

Pero lo más grave es que según las leyes de Estados Unidos, cualquier ciudadano del mundo puede ser blanco de un asesinato selectivo con drones. Barack Obama, reafirmó su defensa a la política de “asesinatos selectivos” con aviones no tripulados, incluso contra ciudadanos norteamericanos considerados como una “amenaza” para la “seguridad nacional”, por ser una práctica “legal, ética y sabia”. Es decir: ellos también encauzan a sus propios compatriotas.

Vale recordar el caso del clérigo Anwar al-Awlaki, ciudadano estadounidense y musulmán que fue víctima de un asesinato selectivo en un bombardeo el 30 de septiembre de 2011 en Yemen. Su hijo, de 16 años de edad , fue asesinado en otro ataque con drones, dos semanas después. Al clérigo se le acusaba de estar vinculado con Al Qaeda, sin embargo, Estados Unidos no se preocupó en capturarle, sino en asesinarle.

Bajo estos parámetros cabe preguntar: ¿Cómo se juzgaría un intento de sedición en Estados Unidos? Qué pasaría si en Estados Unidos alguien publicara en The New York Times una página completa llamando al derrocamiento del gobierno de Obama al que calificaran de encontrarse en una “fase terminal”, y que convocara a destituir a los poderes públicos? ¿Cómo se juzgaría al cabecilla de un movimiento que promueva la quema de instalaciones públicas o privadas, a la persecución de los demócratas –y digo de los demócratas por ser el partido de gobierno- a tensar guayas para decapitar, que fabriquen armas caseras, que disparen a autoridades policiales o del ejército, y que cometan homicidios con fines políticos? Y además que difundan manuales de guerra de Estados Unidos para cometer estos actos. ¿Cómo se juzgaría a un ciudadano estadounidense involucrado en un intento de magnicidio contra Obama, o contra el jefe del Pentágono? ¿Qué pasaría un alto funcionario militar estadounidense confiesa planificar el derrocamiento del Gobierno de Obama e involucra a un Congresista Republicano en los planes? ¿Qué pasa en Estados Unidos si el Gobernador de Washington DC, aparece involucrado en un complot terrorista? ¿Qué pasa si se descubre un plan para bombardear La Casa Blanca, El Pentágono, CNN y El Capitolio? ¿No defendería usted a los estadounidenses, señor Obama?

Todas esas amenazas se han desplegado en nuestro país con la colaboración de Washington. En nuestro país se trazaron como objetivos tácticos a bombardear el Ministerio de la Defensa, Miraflores, Ministerio del Interior y Justicia, CNE, Sebin, Telesur y Asamblea Nacional, poniendo en riesgo la vida de personas. Y, paradójicamente, aunque Estados Unidos ha sido víctima del más grande acto terrorista en nuestro Continente, el gobierno de ese país proveyó de visas norteamericanas a los militares que ejecutarían ese plan para que huyeran de la justicia.

Del combate selectivo al terrorismo han cosechado el propio talibán, Al Qaeda, el Estado islámico y se ampara Posada Carriles que anda a sus anchas en La Florida.

Aquel 11 de septiembre de 2001, Fidel Castro habló sobre el idealismo del pueblo norteamericano. Y alertó que ese idealismo del pueblo, muchas veces era engañado para conducirlo a guerras y a apoyar causas injustas. Usted, señor Obama, está engañando a su pueblo para convertirlo en adversario de Venezuela. Usted está presentando a los terroristas que planeaban un 11 de septiembre en nuestro país como luchadores por la libertad y la democracia. En Estados Unidos, Leopoldo López y Antonio Ledezma serían procesados – si es que llegaran a contar con la suerte de un camino judicial- bajo los parámetros de la Ley Patriota. Afortunadamente en Venezuela, la pena de muerte y el asesinato selectivo no son herramientas legales, ni mucho menos, consideradas éticas.

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