Las Constituyentes en el mundo: ¿Maduro es un “dictador”?

La constitución estadounidense fue redactada en el año 1789. En 1791, los franceses redactaron una constitución con bases institucionales similares: Jefferson era entonces embajador de los Estados Unidos en Francia. Sin embargo esta constitución tuvo vigencia por el breve lapso de un año. A partir de entonces, la historia francesa ha estado cruzada por la redacción de 14 textos constitucionales.

Una vieja broma dice que un hombre entra en una biblioteca y pide una copia de la constitución francesa, sólo para ser rechazado con la explicación de que la biblioteca no almacena periódicos.

A partir de entonces pudiéramos preguntarnos por qué ocurre que algunas constituciones se mantienen vigentes durante más de 50 años, y otras se disuelven en breve.

Un estudio realizado por Tom Ginsburg, James Melton y Zackary Elkins, publicado por la Universidad de Cambridge titulado “La Resistencia de las Constituciones” explica que, si bien las Constituciones suponen “una estructura duradera para la política”, la esperanza de vida promedio es de sólo 19 años.

Si la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, en esa contienda, es lógico que algunos países reformen sus bases legales para entregar más poder al pueblo o más poder a la clase opresora. Lo que determina el signo de la nueva Carta Magna es el poder Constituyente.

El Doctor Jaime Cárdenas en un ensayo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México define que el poder constituyente:

“es en principio, aunque no sólo, un poder político existencial y fáctico, que brota de la comunidad, la que decide darse una Constitución, constituir un Estado o que asume transformar o sustituir el status quo imperante… todo poder constituyente cumple cualquiera de las dos siguientes funciones: ya sea expresando un poder fundacional (creando el Estado) o a través del poder de revolución (el cambio de formas del Estado).”

En Venezuela el pueblo es el depositario del poder constituyente originario por lo que ningún grupo político ni económico puede apropiarse de ese ejercicio fundamental. De hecho, las bases comiciales propuestas por el Ejecutivo Nacional y aprobadas por el Consejo Nacional Electoral establecen un mecanismo de amplia participación no sólo de actores políticos, sino sociales.

Esto es clave. Es un poder extraordinario que se diferencia del poder constituido, instituido o derivados, por lo que su naturaleza le contrasta de la reforma constitucional: ésta última opera desde los poderes constituidos del Estado y no desde el originario. La convocatoria a Constituyente amplía la participación política y el ejercicio de ese poder al soberano.

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Vamos a hacer un análisis comparado de los diferentes mecanismos para convocar y realizar una Constituyente a nivel internacional, basados en el documento “Mecanismos de cambio constitucional en el mundo” del PNUD. Algunos países las han realizado vía parlamento y esto puede ocurrir bajo distintas modalidades.

Vía parlamentaria

Una de ellas es que el Congreso en su totalidad ejerza el poder constituyente como ocurrió en Brasil en 1988, El Salvador en 1992 o en Corea en 1987. Puede ocurrir que el parlamento conforme una comisión compuesta por un número determinado de parlamentarios como se hizo en Bolivia en 1994, Nicaragua en 1995, Angola en 2010, en Croacia en 2000, Grecia en 1975, Polonia en 1997 o en República Checa en 1993. Luego de la redacción, el borrador podría ser ratificado de varias maneras: por el Congreso en pleno, en la ciudadanía o ambos.

Vía Asamblea Nacional Constituyente

También la experiencia internacional de convocatoria a Constituyente se ha efectuado de modo muy parecido a lo realizado por la Revolución Bolivariana en Venezuela. Esto quiere decir, “la elección de una asamblea constituyente o asamblea nacional constituyente que es un órgano colegiado conformado por ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden constitucional; y no para ejercer facultades legislativas”.

Experiencias así se han efectuado en Bolivia en el año 2009, Colombia en 1991, Ecuador en 1967, Ecuador en 2008, El Salvador en 1983, Honduras en 1957, Honduras en 1982, Nicaragua en 1987, Perú en 1979, Venezuela en dos oportunidades una en 1953 otra en 1999, Somalia en el 2012, Túnez en 1959 y en 2014, Uganda en 1995, Camboya en 1993 e Irán en 1979, Italia en 1947, Portugal en el año 1976, Islandia en el 2010.

La mayoría de los textos constitucionales surgidos de experiencias como la descrita son aprobados.

Una combinación de ambas es la elección de un Congreso que inicialmente sólo se dedica a la redacción de un nuevo texto constitucional y, posteriormente, ejerce funciones parlamentarias. O bien, pueden cumplir ambas funciones: el congreso se divide tareas y una fracción escribe el nuevo texto, y otra legisla.

Consejo de ¿sabios?

Otros países han optado por una Comisión Constituyente o de expertos. “En éste tipo de mecanismo un grupo de expertos o notables redactan el texto constitucional. Estos podrían ser expertos nacionales y/o extranjeros, e incluso miembros de distintos poderes del Estado”. Con este mecanismo, se han redactado por lo menos 34 constituciones en 23 países.

Constituyentes ¿democráticas? impuestas

Otra forma ha sido la redacción de la nueva Carta Magna por la vía de gobiernos extranjeros, que restringen la participación de la comunidad política del país al que se le impone la nueva Constitución. Casos como estos han ocurrido en Angola en 1992, Kenia en 1963, Malasia en 1957 y Bosnia-Herzegovina en el año 1995.

En América Latina, casi la mitad de los 28 cambios constitucionales realizados a partir de 1947 han sido a través de una Asamblea Constituyente (46%), mientras que la Comisión de expertos se ha elegido a penas en un 11% de los casos. En contraste, este ha sido el mecanismo predominante en África con un 50% de los casos y en la región de Asia- Pacífico con el 48% de las experiencias constituyentes.

Constituyente venezolana de 1999

Pongamos la lupa sobre el Proceso Constituyente venezolano de 1999. El proceso previo a la convocatoria fue la victoria popular electoral de la Campaña de Hugo Chávez. Existía una deslegitimación de la Constitución de 1961, surgida del pacto de Punto Fijo, creada a puertas cerradas por actores políticos.

En febrero de 1999, el Presidente Chávez dictó un decreto convocando a referéndum popular para decidir la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, La medida fue impugnada por la oposición ante la Corte Suprema. No tuvieron éxito: Chávez fundó la convocatoria en dos normas vigentes; el artículo 4 de la propia Constitución de 1961 que señalaba que “la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante sufragio, por los órganos del poder público” y en la atribución presidencial contenida en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que le confería “la iniciativa para convocar a un referéndum, con el objeto de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional” .

En abril de 1999, el 87,9% de los venezolanos aprobaron la creación de una Asamblea Nacional Constituyente y el 81,9% aprobaron las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria. En el mes de julio se eligieron a 131 constituyentistas que trabajaron durante unos varios meses en asambleas populares de discusión. También se recibieron cientos de propuestas para el nuevo texto que fe aprobado el 6 de diciembre de 1999 por el 71% de los votantes.

Esa nueva Constitución, define las condiciones para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

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Siendo ya un derecho constitucional adquirido por el pueblo venezolano, no se tiene por qué someter a referendo el ir o no a Asamblea Nacional Constituyente.

En consecuencia, se pueden sentir muy afectados particulares del poder constituido: pero ningún diputado, ningún magistrado, ninguna fiscal está por encima del poder constituyente originario. Se podrá estar o no de acuerdo con el texto que se redacte posteriormente, pero por encima de ese poder, no hay otra expresión más democrática.

 

 

 

 

 

 

 

 

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