Contra Silencios y Olvidos…

En Junio de 2016, la Fiscal General de la República fue entrevistada por el periodista José Vicente Rangel. Ese día Luisa Ortega Díaz hizo importantes revelaciones:

“En esa época (1958-1998) nunca se investigaron los asesinatos, las ejecuciones, las desapariciones, las torturas que se produjeron de miles de venezolanos. Tengo una cifra aquí, José Vicente, de la revisión de los archivos que ha hecho la Comisión por la Justicia y la Verdad… que ahora fueron desclasificados esos expedientes… se encontraron hasta ahora, han sumado un total de 11 mil 043 víctimas”

En marzo de este año la Fiscal entregó el Informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad, titulado “Contra el Silencio y el Olvido”. Allí aseguró que se logró “precisar la identidad de 10 mil 71 víctimas”

 

En nueve meses el número de víctimas disminuyó en 972 personas, sin que esta reducción se explicara satisfactoriamente a la opinión pública nacional. Esto no es una suspicacia que Larissa Costas esgrime a título personal. El resultado de ese informe es, como bien dijo la Fiscal en ese momento, una verdad colectiva, siendo así, considero que debió explicarse qué ocurrió entre una declaración y otra.

En el informe de gestión del año 2016, disponible en la página web del Ministerio Público se indica que durante ese año la institución “continuó investigando las 250 causas iniciadas por los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los DDHH por razones políticas en el período 1958- 1998.” Los crímenes cometidos en la Cuarta han gozado de impunidad en la quinta República. Aún seguimos esperando el castigo a los responsables de la ejecución del Terrorismo de Estado. La entrega del informe no implica que se terminó la tarea.

El documento de la Comisión por la Verdad y la Justicia no sólo hace el retrato de una época en la que la represión y el terrorismo eran política de Estado, sino que es el documento de referencia de la posición del Estado venezolano en relación a esas víctimas.

Ante convenientes y selectivos silencios y olvidos, es justo hacer un recorrido por el propio informe suscrito por la Fiscal. Los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante ese período y que fueron investigados por la Comisión fueron el asesinato, exterminio, la deportación o traslado forzoso, la tortura, la persecución de un grupo por razones políticas y la desaparición de personas.

Masacres

Las masacres merecieron un aparte, y el informe establece que entre 1958 y 1998:

“Cada masacre, y sobre todo las de mayor dimensión e impacto, fueron instruidas y gestionadas por cadenas de mando, en las cuales se ven comprometidos los más altos rangos gubernamentales y políticos del momento” y fueron ejecutadas en “connivencia con grupos de poder, nacionales e internacionales. Instituciones partidistas, económicas, religiosas, educativas y comunicacionales, asociadas al estatus quo, así como sus operadores y voceros políticos, aportaron su sustento institucional. Actuaron partidos como Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei); la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), el Consejo Nacional de los Comercios y Servicios (Consecomercio), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Conferencia Episcopal Venezolana, y algunos medios de comunicación”.

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Esto es destacable porque representa un grueso importante de los sectores aliados para atentar en la actualidad contra el Gobierno Revolucionario.

Todas estas políticas correspondían a las doctrinas militares que imponía Estados Unidos en la región y que, principalmente, se enmarcaron en su combate visceral contra el comunismo y el socialismo. No escatimaron en la creación de células paramilitares conocidas en nuestro país como el “gang de la muerte”

Enumeran La Masacre de Cautaura, ocurrida en 1982, una operación que asesinó a 23 personas, muchas de ellas capturadas vivas y ajusticiadas con armas de fuego.

La Masacre de Yumare, ocurrida en 1986, en la que asesinaron a 9 de jóvenes que conformaban la Corriente Histórico Social de estudio de la doctrina bolivariana.

La Masacre de El Amparo, ocurrida en 1988, en la que asesinaron a 14 pescadores.

Y el Caracazo. El número de víctimas indeterminado aún por el Estado venezolano se estima entre cifras tan distantes como 300 a 5000 personas. Lo que nos haría suponer que Carlos Andrés Pérez puede ser el responsable de al menos la mitad de las víctimas reconocidas por el Ministerio Público, o que las víctimas de la Cuarta República pudieran alcanzar las 15 mil y no las 10 mil que se ha dicho en el informe.

La Masacre del Retén de Catia con un número indeterminado de víctimas.

Bombardeos contrainsurgentes

Las operaciones de contrainsurgencia armada, no pocas veces implicaron bombardeos contra la población civil y guerrillera con el objeto de causar pánico en la población campesina.

El informe establece que así como se creó una logística para la aplicación del terrorismo de Estado, que se tradujo en armas, infraestructura, funcionarios, equipos… también hubo una “superestructura articulada al estado” que permitió esa política bajo una doctrina específica. Crearon Teatros de Operaciones en los que se ejecutaban numerosas violaciones a los Derechos Humanos aprendidas en la Escuela de las Américas de Panamá y en los que participaban agentes de la CIA.

Cito:

“Se contó además con la asesoría de funcionarios de la CIA quienes, a su vez, habían contado con la experiencia derivada de las guerras contra los pueblos de Vietnam y Argelia. Está ampliamente registrada en testimonios de sus propios autores, las formas como se trasmitieron estas experiencias represivas y de qué manera Venezuela sirvió de campo de ensayo para llevar a cabo las formas de infiltración en la población; cómo obtener información bajo tortura; cómo infundir terror en las supuestas bases de los movimientos armados; cómo ganar colaboradores y cómo quebrar la moral y el compromiso de los revolucionarios. A todo se recurrió, desde invocar la necesidad de «salvar a la patria» del peligro comunista y de «asegurar el destino de los hijos», haciendo entender que era imperioso «extirpar los focos» antes de que estos se extendieran y «acabaran con la democracia»

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En otro segmento del informe se reconoce que los agentes de la CIA, de diferentes nacionalidades “no sólo formaron parte de los cuerpos de seguridad, sino que crearon y se asociaron a empresas de todo tipo con la complicidad del Estado, con fines financieros, que al mismo tiempo eran fachada para sus labores de espionaje.” Entre éstos, figuran grupos representados por el empresario noruego Thor Halvorssen” –fin de la cita y aclaratoria: esto no lo digo yo, lo dice el informe. Aclaro porque después en poderopedia dicen que yo criminalizo a las ONG y hay que tener en cuenta que ese empresario es el padre del Presidente de la ONG Human Rights Foundation, una de las más agresivas contra Venezuela.

La CIA incluso llegó a realizar operaciones no encubiertas dirigidas desde la embajada.

Todos los involucrados en las políticas represoras del Estado nos traen inevitablemente a la actualidad: el informe acusa a los Partidos políticos AD y COPEI de ser cómplices en la instauración del terrorismo como política de Estado.

El proceso Revolucionario iniciado por Hugo Chávez logró unificar a esa izquierda que fue masacrada, torturada, exterminada, desaparecida. La llegada al poder de esa izquierda no implicó revanchismos ni venganzas. Ni siquiera ha conseguido hacer justicia.

 

En este período histórico conocido como Revolución Bolivariana, la derecha ha querido revertir la democratización de los derechos que se ha materializado desde la redacción de la Carta Magna hasta la consolidación de programas sociales. Los adversarios actúan con el interés de conservar los privilegios de la burguesía. No ha tenido pudor en vincularse con la CIA, incluso, han distribuido manuales de paramilitarismo urbano redactados por la agencia norteamericana a través de correos electrónicos y redes sociales, en los que se instruye en la elaboración de armamento y explosivos caseros.

En 1992, en el Congreso Nacional, Henri Ramos Allup fue el elegido para solicitar suspensión de las garantías constitucionales, y, de la noche a la mañana se convierte en una suerte de jefe de prensa de la Fiscal General, anunciando sus encuentros con los medios a través de las redes sociales.

Llama la atención también, que el rechazo a la Constituyente que manifestó la señora Fiscal en una carta, no haya sido anunciado por ella, sino a través de Henrique Capriles Radonski, que ha participado en operaciones violentas de la oposición orientadas al debilitamiento del Estado Nación, en los que han perdido la vida decenas de venezolanos y en los que se ha vulnerado no sólo el cuerpo jurídico de nuestro país, sino convenciones del derecho internacional.

Yo nunca voy a apoyar la vulneración de los derechos de ningún venezolano, mucho menos el derecho a la vida. No tengo solidaridades automáticas con victimarios tengan uniforme o no. Cuando nos preguntamos quién mató a Pernalete, lo hacemos con el sincero interés de que el asesino vaya a la cárcel. El Ministerio Público emitió un tuit con un video, la primera producción de esta naturaleza, en la que enumera las experticias realizadas para esclarecer este abominable crimen y sin embargo, aún esa institución es incapaz de individualizar una imputación. Una persona fue asesinada y el país requiere justicia. Esperamos que la misma dedicación se demuestre para esclarecer las circunstancias de muerte de las otras más de cincuenta víctimas. Insisto: el país necesita justicia.

Diluidos en contrastes y coincidencias, en la actualidad no es a la oposición política a la que se le criminaliza. Se recubre al terrorismo bajo el manto del derecho a “protesta”. Mientras que en el pasado se reprimía al pueblo desarmado y con las manos en alto, ahora se alienta a un muy reducido sector violento de la derecha que sale a incendiar y exterminar. No estamos en contra de la protesta. Estamos es en contra del entramado de crímenes que se ejecuta en el marco de las mismas.

En la actualidad se estigmatiza a un amplio movimiento político, el chavismo, con la pluralidad que en él dinámicamente se nutre y que comprende precisamente a esa izquierda y sus hijos, los que otrora fueron perseguidos, torturados y exterminados.

Es escandaloso ver cómo prácticamente se justifica el linchamiento y ajusticiamiento de personas bajo la excusa de que son chavistas o funcionarios de la Guardia Nacional y que sobre esos hechos se premie y exija el silencio y el olvido. La permisividad de la Fiscalía frente a estos hechos sólo alienta al terrorismo a continuar en la ejecución de estas grotescas prácticas que implican la tortura, la quema de personas y el ajusticiamiento por degollamiento o armas de fuego.

Me resisto a dividir a las víctimas entre chavistas y opositores, sin embargo, esa distinción parecer estar siendo establecida como política en las investigaciones del Ministerio Público.

No se trata de que la Fiscal se desmarque de la ideología revolucionaria que aparentemente definía su trayectoria personal: se trata de un tratamiento sesgado, con deliberada parcialización para comodidad de los partidos de derecha a los que ha delegado la tarea de informar sobre su agenda pública y que históricamente han estado vinculados con el terrorismo de Estado que marcó la historia del país entre 1958 y 1998.

 

 

 

 

 

 

 

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