Las víctimas que llora Venezuela (Primera Parte)

La semana pasada el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, recibió a una delegación de un grupo de opositores que vinieron a manifestar a las afueras del canal. En el encuentro, el ministro hizo entrega de una carpeta que contiene una investigación periodística que se basa en los datos oficiales divulgados por el Ministerio Público venezolano, así como en testimonios de testigos o familiares de las víctimas recogidos por medios de comunicación social.

El equipo de A Un click tuvo acceso a la información, así que decidimos unirnos a la iniciativa y ampliar el período de estudio hasta el día 5 de junio. Este estudio que, insisto, hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Comunicación e Información, tiene un número de víctimas superior al Ministerio Público: contabilizamos un total de 80 personas fallecidas.

Las víctimas que no aparecen en el balance del Ministerio Público y que se encuentran en nuestro análisis son: Ricarda González y Mauro Rodríguez dos adultos mayores que fallecieron cuando se les impidió el tránsito para recibir atención médica. Oliver Villa, Efraín Sierra y Carlos Hernández que murieron en incidentes en barricadas. Carlos Aranguren, Miguel Medina, Ynigo Leyva y Luis Lucena cuyas muertes fueron reportadas en medios de comunicación en las inmediaciones de protestas. El caso de Isabel Torrealba que falleció de un infarto en medio de una confrontación y, por último, cuatro dirigentes revolucionarios víctimas de sicariato: José Muñoz, Pedro Josué Carrillo, Juan Bautista López y César Guzmán.

10 de los casos recogidos en el informe del Ministerio Público presentan contradicciones con las versiones de los familiares en torno a la participación de las personas en las manifestaciones: en nueve de ellos, los familiares declaran que las víctimas no estaban manifestando.

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Del total de fallecidos en el período comprendido entre el 6 de abril y el de 5 de junio del 2017, 25 personas participaban en forma activa en manifestaciones o disturbios violentos organizados por la oposición, según las fuentes del estudio. Esto equivale 32,50% del total de fallecidos. Las 55 personas restantes (67,50%) son ubicadas por el Ministerio Público, testigos o familiares en lugares o circunstancias distintas a manifestaciones o disturbios de oposición.

18 de las personas fueron asesinadas en acciones paramilitares que hemos denominado como “ataques insurrecionales armados”. 10 muertes en barricadas en incidentes de diferente naturaleza como accidentes de tránsito o ataques armados. 8 fallecieron por electrocución en un intento de saqueo en el Valle en la Panadería “La Mayer del Pan”. 5 por impacto de metra o esfera metálica. 4 por sicariato contra chavistas. 3 funcionarios en labores de control de orden público. 2 linchamientos. 2 por impedimentos para recibir atención médica. 2 casos atípicos en el que incluimos a Isabel Torrealba y a un menor de edad que sufría de una condición preexistente y que falleció al inhalar gases lacrimógenos en su residencia en el Valle. Y una víctima por el lanzamiento de objetos contundentes desde ventanas.

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En 11 de los casos el Ministerio Público ha emitido imputaciones, órdenes de captura o de aprehensión contra funcionarios de seguridad del Estado pertenecientes a distintos cuerpos: la Policía Nacional Bolivariana (2), Policía del Municipio Sucre de Miranda (1), la Policía del Estado Carabobo (2), la Policía del Estado Táchira (1), Policía del Estado Bolívar y Milicia Bolivariana (1), Policía del Estado Anzoátegui (1) y la Guardia Nacional Bolivariana (3). En 2 de los casos los efectivos no cumplían funciones de control de orden público. En 7 casos se han imputado a civiles.

Sin embargo, el número de imputaciones de un caso a otro puede variar. La GNB presenta un total de 21 imputaciones por tres casos de presunta violación de DDHH: 14 de ellos por el caso de Gruseny Canelón. No hemos incluido el número de efectivos que la Fiscal declara haber imputado por el Caso Pernalete porque no han sido reflejados en el Balance del propio Ministerio Público.

Focos de violencia

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Para sistematizar el análisis, decidimos ubicar a las víctimas en el territorio. Se han registrado actos violentos vinculados a las manifestaciones en 11 Estados del país. Una de las características es que los focos de mayor violencia no han ocurrido de modo simultáneo, lo que nos hace presumir que las células violentas se han desplazado por el territorio para cometer actos vandálicos y terroristas.

Los estados que registran víctimas relacionadas a la violencia política son: Anzoátegui (3), Bolívar (1), Barinas (11), Carabobo (8), Distrito Capital (18), Lara (12), Mérida (5), Miranda (11), Táchira (7), Trujillo (1) y Zulia (3).

Estado Miranda

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Comenzaremos con Miranda porque en esa entidad se registró la primera víctima de la violencia en disturbios relacionados a la oposición. Se trata de Jairo Ortiz. Su familia asegura que no se encontraba manifestando. Algunos políticos de oposición aseguraron a través de las redes sociales que el joven estaba manifestando.  Esta ha sido una mentira mediáticamente devenida en verdad: en su balance, el Ministerio Público sugiere que Ortiz protestaba.

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Fue asesinado por un funcionario de la PNB, adscrito a la dirección de tránsito, sin competencias para control de orden público. El efectivo se encuentra detenido y puesto a la orden de justicia.

En Miranda falleció la señora Ricarda González que, como referimos anteriormente, no pudo recibir atención médica al momento de sufrir un ACV. Actores políticos y medios digitales responsabilizaron al Gobierno Nacional por su fallecimiento bajo la hipótesis de que la anciana habría fallecido al inhalar gases lacrimógenos.

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Niumar Sanclemente fue el primer servidor público asesinado. Su muerte ocurrió en los Altos Mirandinos cuando una banda terrorista abrió fuego contra los efectivos de la GNB.

Dos de las víctimas fueron asesinadas en Petare. Las familias asegura que no se estaban manifestando. Se trata de los casos de Mervins Guitian y Carlos Aranguren. Éste último caso no es incluido en el Balance de víctimas del MP.

3 de los 5 casos de asesinados con esferas metálicas disparadas desde armas no convencionales han ocurrido en el Estado Miranda. Dos de las víctimas, Armando Cañizales y Miguel Castillo fueron heridas con estos proyectiles improvisados en la Urbanización Las Mercedes.

La tercera víctima fue Diego Arellano, que fue impactado con una esfera metálica en San Antonio de los Altos. Aunque la lesión producida por un arma de fabricación casera abre la posibilidad de que la muerte fuese originada por grupos irregulares armados que se manifiestan con la oposición, Lilian Tintori aprovechó su entrevista con el Primer Ministro Canadiense, para acusar al gobierno nacional del homicidio.

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Juan Pernalete fue asesinado en el Estado Miranda. Desde los medios se difundieron dos hipótesis: una que aseguraba que murió al ser impactado por una bomba lacrimógena y otra que fue herido con una pistola de perno cautivo.

Es el único caso sobre el que ha ahondado en detalles la Fiscal General, asegurando que las investigaciones se apuntan hacia el impacto de un artefacto lacrimógeno. El Ministerio Público no ha formalizado imputaciones.

Angel Moreira transitaba en moto cuando fue arrollado por un vehículo que eludía una barricada.

Después de un discurso incendiario del Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, una turba golpeó, apuñaló y encendió en fuego a Orlando Figuera. El ataque se produjo luego de que Figuera fuera identificado como chavista por vestir una camisa roja. El video del ataque fue ampliamente difundido en redes sociales. La Fiscal General dio unas polémicas declaraciones en la que acusaba a los medios de manipular los videos.

Esta fue una entrevista que realizara el Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas a los padres de Orlando Figuera, minutos antes de que el joven falleciera producto de las lesiones propinadas en aquella nefasta “manifestación” de la democracia.

 

Distrito Capital

 

block_4.jpegLa primera víctima que cae en el Distrito Capital fue Carlos Moreno, que fue asesinado por el policía del Municipio Sucre Jonathan Ramón Camacho. Es importante destacar que éste cuerpo policial está adscrito a la Alcaldía opositora del Municipio Sucre en el Estado Miranda.

De las 18 víctimas que se registran en el Distrito Capital, 12 de ellas fallecieron en un ataque violento insurreccional ejecutado por bandas terroristas en El Valle.

Esa noche se desarrolló una operación paramilitar y mediática que no escatimó en violencia. Los terroristas atacaron el Hospital Materno Infantil Hugo Chávez, hecho muy grave que ha sido abordado con ligereza por el Ministerio Público.

De esas 12 víctimas, 8 fallecieron por electrocución al ingresar de modo ilegal en una panadería con la intención de saquearla.

Tres de las víctimas en el Distrito Capital no son reconocidas por el Ministerio Público en su Balance. Nos referimos a los casos de Oliver Villa Camargo que fue asesinado a tiros luego de evadir una barricada, José Muñoz que se presume víctima de sicariato contra chavistas, e Ynigo Leyva que falleció por una bala perdida en una confrontación entre bandas armadas y efectivos de orden público.

Una de las víctimas, Almelina Carrillo,  fue asesinada por un civil que lanzó una botella de vidrio con agua congelada para agredir a una manifestación chavista. El Ministerio Público imputó a un civil de nombre Jesús Juan Albi Zambito.

La noche anterior, Tulio Hernández, columnista de El Nacional y que fungía como Vicepresidente de Asuntos Públicos del BOD trinó la siguiente sugerencia: “Si cada venezolano demócrata neutraliza un miembro del Plan Zamora están militarmente derrotados. Se vale hasta materos.”

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Dos días después de que Carrillo resultó herida, el dirigente local de la MUD, Saverio Vivas tuiteó “la gente de la Candelaria repudia las marchas del PSUV. Si saben que les van a lanzar vainas ¿para qué pasan por allí?”

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En Caracas también fue asesinado el juez Nelson Moncada. Trataba de cruzar una barricada cuando fue interceptado por un grupo de encapuchados. Lo despojaron de sus pertenencias y lo ajusticiaron. El juez Moncada fue uno de los que ratificó la condena contra Leopoldo López.

 

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