Las víctimas que llora Venezuela (Segunda parte)

En el programa anterior iniciamos el análisis de los casos de las víctimas de la violencia generada por las manifestaciones y los disturbios promovidos por intereses políticos de oposición en Venezuela. Hoy continuaremos con la segunda parte de esta investigación periodística que se basa en los datos oficiales divulgados por el Ministerio Público venezolano, así como en testimonios de testigos o familiares de las víctimas recogidos por medios de comunicación social.

Recordamos que el período en estudio abarca desde el día 6 de abril, cuando cae la primera víctima en el Estado Miranda, Jairo Ortíz, hasta el día 5 de junio, es decir: dos meses de violencia por motivos políticos.

El día martes, después de que realizamos la primera entrega de este trabajo, se confirmó el fallecimiento de Edwar José Paredes, quien fue víctima de un ataque paramilitar contra un centro de salud pública ubicado en Mérida.

El Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, denunció el asesinato de Jesús Rojas, un militante de oposición que fue degollado en una riña en la Plaza Altamira. De este modo, en nuestro período de estudio, contabilizamos el número de víctimas alcanzó a las 82 personas fallecidas. Los medios de comunicación silenciaron el caso.

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Habíamos alertado que se tratan de focos de violencia que no han actuado de modo simultáneo en los territorios en los que se han registrado situaciones irregulares con posible clasificación de terrorismo, o actuación de mercenarios, o ataques insurreccionales armados.

En el programa anterior profundizamos en los hechos de violencia con víctimas fatales en el Estado Miranda y Distrito Capital. Hoy analizaremos los homicidios cometidos en el Estado Lara (12), Barinas (11) y Táchira.

Estado Lara

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En el Estado Lara, tres víctimas fueron asesinadas el 11 de abril: Miguel Colmenares “observaba una manifestación” cuando fue interceptado por varios hombres que lo despojaron de sus pertenencias, le arrojaron dos artefactos explosivos conocidos como aturdidora y luego le dispararon con una escopeta”. Brayan Principal de 14 años de edad. Fue asesinado el 11 de abril, en la urbanización Alí Primera. Los testigos aseguran que un grupo opositor atacó el urbanismo y asesinó al joven. Lilian Tintori sugirió que su muerte fue causada por la “represión brutal”. María Corina Machado aseguró que falleció producto de un “régimen criminal que arremete contra los jóvenes que han crecido en dictadura” y Luis Florido acusó a los colectivos del homicidio de Brayan y del señor Miguel Colmenarez.

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Por este homicidio se solicitaron dos órdenes de aprehensión, y se encuentra detenido el ciudadano Yohan Zapata, imputado por los delitos de homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves, ambos en grado de complicidad correspectiva.

Grusnely Canelón perdió la vida al ser impactado por un proyectil múltiple disparado por arma de fuego. 14 funcionarios de la GNB han sido imputados por este caso.

Yey Amaro de 37 años era efectivo de orden público. Su caso no es reconocido por el Ministerio Público y ocurrió de modo accidental. Lo incluimos porque es otra muerte que fue atribuida a colectivos revolucionarios y, por herencia, a Nicolás Maduro.

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El opositor Alfonso Marquina, en una entrevista publicada por la agencia EFE, aseguró que: “Amaro estaba llegando a su residencia cuando decidió intervenir en una protesta que ocurría en esa zona “para intentar mediar”, cuando fue arrollado por un vehículo que, según el legislador, era conducido por grupos armados.”

En su cuenta Twitter Marquina incluyó el nombre de Amaro a la lista de crímenes atribuidos mediáticamente a la “dictadura de Maduro”.

El gobernador del Estado Lara- también de oposición- Henri Falcón, ratificó que la muerte de Amaro fue producto de un accidente de tránsito.

Pedro Josué Carrillo
Pedro Josué Carrillo

De las 12 víctimas ocurridas en el Estado Lara en el período comprendido entre el 6 de abril y el 6 de junio, tres no son reconocidas en el Balance del Ministerio Público: Carlos Hernández que falleció en un accidente de tránsito producto de una barricada, Isabel Torrealba que murió al sufrir un infarto cuando quedó atrapada en una confrontación y Pedro Josué Carrillo que fue secuestrado por un grupo encapuchado que lo identificó como “chavista”. Su cuerpo, sin vida, apareció dos días después.

Dos de los casos en el Estado Lara presentan contradicciones entre la versión de la familia y el Ministerio Público. Los allegados a Orlando Medina y Eyker Rojas niegan que los jóvenes participaran de las protestas. En el caso de Rojas se solicitó orden de aprehensión contra 4 funcionarios de la GNB.

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Danny José Subero

Los casos de Manuel Sosa y Danny Subero forman parte del mismo duelo. Sosa fue asesinado el 26 de mayo en una manifestación en Valle Hondo Cabudare. Al día siguiente, Subero, que acompañaba el sepelio fue identificado como efectivo de la GNB. Fue golpeado y ajusticiado con tres balazos. A las pocas horas se pudo conocer que Subero se había retirado voluntariamente del componente militar en el año 2015. Fue la primera víctima mortal de varios intentos de linchamiento contra funcionarios y chavistas. En la cuenta Twitter del partido del gobernador de la entidad se estableció un marcador de muertes como si se tratara de un juego la vida de las personas: “Valle Hondo 1, GNB 1. Por el caso se encuentran detenidas 6 personas.”

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En Barinas, ocurrió el homicidio de Yeison Mora. El joven salió junto a su hermano de una ferretería y al cruzar frente a una manifestación resultó herido. Al parecer, el disparo se efectuó con un arma casera con una metra.

Varios voceros de la derecha acusaron de la muerte del joven al Gobierno Nacional. Esta hipótesis es contrariada por las declaraciones de los familiares. Ellos aclaran que el joven no estaba manifestando y subrayan que entregarán al Ministerio Público pruebas que evidencian que su muerte fue causada por un “balín” disparado desde un grupo de manifestantes encapuchados.

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En declaraciones al medio local, Ciudad Barinas y rescatadas por la Radio del Sur, el tío de Yeison dijo:

“Nosotros, la familia, lo que estamos haciendo es desmentir todo lo que la oposición viene haciendo con la muerte de mi sobrino, vienen haciéndose propaganda con la muerte de Yeison, y vamos a aclarar que efectivamente, casi comprobado, fue un manifestante quien disparó”.

Estado Barinas

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Entre el 22 y 23 de mayo, Barinas fue escenario de ataques insurreccionales muy violentos que produjeron 8 de los 11 fallecidos registrados en la entidad, todos estos ocurridos en circunstancias aún sin esclarecer. Uno de los casos denunciados por la oposición, el de Luis Lucena, no es incluido en el Balance de víctimas del Ministerio Público.  El informe tampoco es claro al determinar los tipos de proyectiles utilizados en la ejecución de los asesinatos.

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Entre las acciones cometidas por grupos violentos destaca el ataque al destacamento número 33 de la GNB.

De los fallecimientos ocurridos en Barinas como consecuencia de las manifestaciones violentas y disturbios incentivados por la oposición, no son reconocidos en el Ministerio Público en su balance de víctimas:

Mauro Rodríguez, quien conducía una unidad de transporte de PDVSA cuando requirió asistencia médica. Recibió primeros auxilios en el sector Libertad, pero necesitaba ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Las barricadas impidieron que fuera traslado oportunamente al Hospital.

Proyecto Venezuela politizó el tratamiento del crimen asegurando que fueron “los colectivos”, aunque las bandas armadas estaban en barricadas.

El otro caso es el de Renzo Rodríguez, asesinado por arma de fuego. Fue herido de muerte cuando transitaba en su moto y se detuvo para analizar cómo atravesar una barricada.Todos los imputados son civiles.

El Ministerio Público (MP) imputó a Gabriel Antonio Rojas Moreno (24). Se encuentra detenido desde el 29 de mayo en Barinitas por funcionarios del Cicpc.

También ordenó la privativa de libertad para Carlos Alberto Ávila, de 28 años; Carlos Eduardo Ávila de 30; Neón Bencomo, de 26, y un adolescente de 17 años de edad, por presuntamente estar involucrados en la muerte. Fueron imputados por los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, asociación y uso de adolescente para delinquir.

 

Estado Táchira

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En el Estado Táchira 5 de los siete casos registrados en el período en estudio- que recordamos abarca desde el 6 de abril hasta el 5 de junio- ya tienen acciones concretas del Ministerio Público: con esto quiero decir que se han efectuado imputaciones o se han dictado órdenes de aprehensión, o se han detenido a personas.

Paola Ramírez fue la primera víctima de la violencia política en el Estado Táchira en éste período. Falleció por el ataque armado de un militante de Vente Venezuela: Iván Aleisis Pernía Dávila.

Medios de comunicación y políticos de derecha intentaron trasladar la culpabilidad por la muerte a “los colectivos”. Freddy Guevara destacó que la joven era hermana de un efectivo de la GNB, por lo que advirtió a los uniformados que “la próxima víctima podía ser tu familia”.

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Pocos días después María Corina Machado publicó en su cuenta Twitter una falsa orden de captura. Éste documento fue enviado como denuncia a políticos de otros países.

Sin embargo, la propia jefa de Prensa de Machado desmintió el documento en declaraciones ofrecidas a El Nacional. Claudia Macero indicó que:

“entre las razones que maneja la dirigente para creer que la orden es falsa están: que la orden tiene fecha de caducidad, que está impresa a color, que desde la fecha que fue emitida (20 de abril) Machado ha aparecido en varios actos públicos y que nos encontramos en el año N° 206 de independencia venezolana no el 205.”

Dos hechos de sangre se registran en barricadas en Táchira. El Gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora denunció que Efraín Sierra perdió la vida luego de recibir un impacto de bala en el estómago. Según el gobernador a Sierra Quintero le estaban “robado la moto en una barricada” que obstruía el paso en la entidad. El caso no es reconocido en el informe del Ministerio Público.

El otro caso es el de Daniel Rodríguez que fue asesinado cuando acomodaba unas alcantarillas. El dirigente Juan Requesens acusó de la muerte a “paramilitares de Vielma (gobernador de Táchira)”. Sin embargo, este caso guarda mucha similitud con otro registrado en el año 2014, en el Estado Mérida. Se trata del homicidio de Gisela Rubilar que fue asesinada cuando se encontraba despojando de escombros una barricada. Por este caso se encuentra en prisión Steven Ricardo García Saenz. Sus familiares han solicitado que se le considere “preso político”.

En redes sociales se ha tejido una épica en torno a la agresividad de los civiles tachirenses a los que han denominado “gochos arrechos”. Táchira, estado fronterizo con Colombia es uno de los territorios que ha sido más permeado por el paramilitarismo colombiano que es severamente combatido por funcionarios de seguridad del Estado venezolano.

Dos de los fallecidos en Táchira no participaban de las protestas. Son los casos de José Guerrero y Manuel Castellanos. Por éste último homicidio fueron imputados 3 funcionarios de la GNB.

Diego Hernández, Militante del PSUV y jefe de los CLAP fue asesinado en Táchira cuando cumplía con sus labores como mototaxista. Según el MP, estaba “manifestando”. Por el caso fue imputado un Policía de Táchira.

Sólo 1 de los fallecidos en Táchira se encontraba en las protestas antigubernamentales: se trata de Luiz Alviárez. Por el caso se imputaron a 2 efectivos de la PNB.

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